Ciudad de México, 6 de nov (sinembargo.mx) –  El DIF de Guanajuato suspendió el pago de 51 millones de pesos que había otorgado a la Impresa Digital Santa Fe, propiedad de Alejandro Soriano Rincón, quien en 2006 fue acusado de organizar un “pase de charola’” a favor de la candidatura de Juan Manuel Oliva como gobernador estatal.

De acuerdo con una investigación de am, la suspensión del pago se debió a que  dos empresas impugnaron el fallo que benefició a la imprenta para  surtir despensas, harina, atún, aceite comestible y azúcar, pese a que el giro de la Digital Santa Fe era imprimir comprobantes fiscales. Además alegaron que la imprenta no tenía  ni siquiera un año de haberse constituido cuando recibió el contrato multimillonario del DIF, lo cual viola una de las cláusulas de la licitación.

El director del DIF, Ángel Isidro Macías, aseguró que el organismo no ha pagado ningún recurso a la empresa Digital Santa Fe S.A. de C.V. Pero añadió existe un proceso  por el recurso de reconsideración que las empresas “Grupo Industrial Vida” y “La Espiga” interpusieron ante la Secretaría de la Gestión Pública.

“No tengo conocimiento de que haya trabajado con DIF anteriormente (…) no se ha firmado, no se ha entregado ningún recurso de DIF para con esta empresa”, dijo.

Por su parte, Soriano Rincón envió una carta al periódico am en la que se defendió y aseguró  que su empresa fue constituida en septiembre de 2010 para comercializar todo tipo de productos, incluso alimentos, además de que cuando recibió el contrato del DIF ya tenía 18 meses de haberse creado. Esto luego de que am revelara una investigación el día de ayer sobre los contratos.

VER ADEMÁS: El DIF de Guanajuato otorgó contratos por 51 millones de pesos a la imprenta Digital Santa Fe para despensas durante la administración del ex gobernador Juan Manuel Oliva en el 2011. La empresa es de Alejandro Soriano Rincón, quien en 2006 fue señalado como el organizador de un “pase de charola’” a favor de campañas panistas, en especial de Oliva.

De acuerdo con una investigación de am, Digital Santa Fe se creó en el 2011, y  meses después recibió un contrato de 51 millones 357 mil pesos para los programas alimentarios del DIF, a pesar de que su objetivo es “prestar el servicio de generación, envío y almacenamiento de comprobantes fiscales digitales”, según se establece en su acta constitutiva.

 

También agregó en la misiva que  que Digital Santa Fe es filial de la empresa Comundi, que desde 2006 ha recibido 107 millones de pesos en contratos en el DIF estatal, el 80% en forma directa, sin licitación.

Según el empresario, cita am, todos sus contratos los ha recibido mediante licitación, pero la información oficial del DIF lo contradice, ya que según el diario,  en el concentrado de contratos Comundi aparece con ocho asignaciones directas por un monto de 82 millones de pesos.

Diputados de los partidos  PRI, PVEM y PT consideraron que los contratos otorgados a Digital Santa Fe y Comundi fueron un pago de favores del Gobierno de Juan Manuel Oliva, a un patrocinador del PAN.

Oliva ha sido señalado en diversas ocasiones por diversos casos de corrupción durante su administración, entre las que destacan  un viaje de su esposa a Europa con el erario público, conciertos en la Expo Bicentenario sin licitar y compra de equipo médico por 294 millones de pesos a una empresa “fantasma”. También ha sido señalado por cambiar su residencia a un fraccionamiento exclusivo cuando pidió permiso para ser operador de Josefina Vázquez Mota en las elecciones pasadas.

VER ADEMÁS: Todo fue que el actual secretario general adjunto de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Oliva Ramírez, pidiera licencia en marzo pasado como Gobernador de Guanajuato, para que se destaparan los escándalos de su gestión. Dejó el cargo para unirse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota y de inmediato, una tras otra, empezaron a caer las denuncias por presunta corrupción y nepotismo. Hasta hoy.

Pero eso, parece, es apenas el principio. La revisión de las cuentas públicas apenas se realiza. Oliva triplicó la deuda pública del estado que gobernó desde 2006 (que ahora está bajo el mandato de Miguel Márquez Márquez) y el análisis de su administración, el que se ha realizado hasta el momento, revela por qué: una gran cantidad de obra pública, ambiciosa y –ahora se sabe– sin sentido, quedó sin realizarse.

Se calcula que el derroche en proyectos fallidos alcanzó los 5 mil millones de pesos.

 

Según am, el coordinador de la bancada del PVEM, Sergio Contreras, propuso colocar más candados en la entrega de contratos del Gobierno, para que no sean burlados por los servidores públicos.

“Ya basta de esos contratos por compadrazgos y de pago de favores. Los contratos se tienen que entregar a empresas que tengan solvencia moral y económica, que den una garantía y que existan, porque nos queda claro que el sexenio que concluye estuvo lleno de corrupción”, opinó.

Por su parte, la diputada priísta Érika Arroyo Bello coincidió en que los contratos del DIF estatal a empresas fueron un pago de favores, cita am.

“Es indignante, creo que no hay nada más bajo que utilizar una institución que debería de ser noble y que contaba con la confianza de los guanajuatenses, que se ha utilizado para estas corruptelas, está claro que es el pago de favores y la etapa de Gobierno de Juan Manuel Oliva y de su esposa en el DIF.

El dirigente del PT en Guanajuato, Rodolfo Solís Parga, aseguró que hubo un tráfico de influencias en la entrega del contrato a la empresa Digital Santa Fe S.A. de C. V.

Destacó que la relación entre la empresa Digital Santa Fe y el Gobierno del Estado, “si no es un acto de corrupción, sí es un tráfico de influencias y pago de favores, cuando menos eso”.

El diputado panista Alfonso Ruiz Chico también se mostró a favor de realizar una auditoría al DIF estatal para sancionar a los responsables si hubo corrupción en la entrega de contratos, indica am.

“Nosotros nos mantenemos en la tesitura, no ha cambiado nuestro punto de vista de estar abiertos a la transparencia, lo hemos demostrado con las auditorías que se hicieron para el caso del ISSEG y nosotros no vamos a defender a nadie y que se actúe a justicia, apegado a derecho”, comentó.

El actual gobernador Miguel Márquez Márquez se deslindó del asunto y evitó entrar en detalles.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Abugaber Andonie, aseguró de acuerdo con am, que las supuestas irregularidades del ejercicio de Gobierno de Juan Manuel Oliva que se han hecho públicas, “son sospechosas, hasta que no se compruebe lo contrario”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) zona Bajío, Roberto Novoa,  exhortó a que el Gobierno del Estado actual dar una explicación sobre la entrega del contrato a Imprenta Digital Santa Fe.

“Tienen que revisar si por la cantidad se necesitaba licitación, si fue adjudicación directa”.

El diario am señala que para aclarar las irregularidades recurrentes en el DIF estatal, la fracción del PRI en el Congreso local solicitará al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realizar una auditoría integral al sistema.